ÁLVARO RAMÍREZ – EL CANDIL – AÑO V – N° 244.-
Oyendo las noticias de la región, escuchando analistas y comentadores, se puede llegar a la conclusión, corroborada por indicadores y encuestas, que es inaceptable el nivel de inseguridad, en nuestros países de la región Latinoamérica y el Caribe, como se le conoce.
Según la ONU (y su Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito) con los resultados de su Estudio Mundial sobre el Homicidio de 2019 la proyección es que: “A menos que la comunidad internacional tome medidas decisivas, las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 para reducir significativamente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad relacionadas para 2030 no se alcanzarán”.
Según el Fondo Monetario Internacional (reporte de octubre 2023), la delincuencia y su incidencia macroeconómica en América Latina y el Caribe, los índices de delincuencia en América Latina y el Caribe son mucho más altos que los de otras regiones y tienen un impacto macroeconómico porque merman el crecimiento del producto al reducir la acumulación de capital y la productividad. Cerrar las brechas de violencia que existen entre ALC y el promedio mundial podría generar un crecimiento sustancial en la región.
También es posible percibir cómo la región, en los últimos 20 o 25 años se ha ido convirtiendo en lo que me atrevería a calificar como “la región del sobresalto”. En estos últimos lustros pareciera haberse consolidado la percepción del mundo, pero lo que es más grave, la percepción de buena parte de los habitantes que la componen, que no es posible vivir sin una incertidumbre o expectativa permanente de algo potencialmente negativo para el país, o milagroso, dependiendo de quien lo vea. Es extraño ver un país de la región donde se perciba una estabilidad sostenible en su desarrollo, o una tendencia estable al crecimiento, y una vida cada vez mejor para la mayoría, sin la amenaza de conflictos fratricidas. Hay siempre en la región, pendientes expectativas de elecciones “transcendentales” para su futuro, temor de violencia contra la ciudadanía trabajadora, pugna casi que a muerte, entre simpatizantes de diferentes fracciones políticas, temor de inestabilidad gubernamental o temor por “cambios profundos”, como diría cualquier político, en el funcionamiento del país, del estado y el nivel de vida de su sociedad. Es casi que normal ver permanentemente en la región, episodios de pugna destructiva, entre las instituciones creadas para el buen funcionamiento del país. Los famosos pesos y contrapesos esperados por el buen funcionamiento de esas instituciones, en lugar de crear un equilibrio estable se mantienen en un equilibrio precario que ha conducido en varios casos a la disolución del gobierno, cierre de instituciones, acciones penales y huida o captura de gobernantes, legisladores, y miembros de altas cortes, además de levantamientos y destrucción vandálica de bienes y servicios.
¿Qué ha sucedido? ¿Será que, como decían nuestros antepasados y aun se oye en entrevistas a ciudadanos en la calle, en nuestros países “no hay ley”?
Averiguando un poco, se obtiene que en América Latina las constituciones no se caracterizan por ser cortas. Tiene algunas de las constituciones más largas del mundo. (Brasil, Ecuador y México entre las 10 primeras) Tampoco por ser permanentes y de pocos cambios. 190 constituciones en los dos siglos anteriores. Pareciera que en nuestros países si hay una preocupación genuina por legislar.. o decretar?
Por otra parte, pensando un poco en las normas que rigen las sociedades encontramos que Finlandia (el país más feliz del mundo junto con Dinamarca 2°, e Islandia, 3° según Traveler) tiene una constitución que ha sido sometida a muy pocos cambios con 136 artículos y 19 transitorios en 9 títulos.
En mi interpretación, pareciera que a través de la legislación en la región se busca cubrir y en detalle, la mayor cantidad posible de situaciones en las relaciones entre los miembros de la sociedad. Es como si quisiéramos automatizar la justicia partiendo de la legislación. Los sabios legisladores deben tratar de imaginar todas las variables posibles de cualquier interacción, considerarla y definir una aceptable (justa?) forma de proceder para la sociedad. Cualquier posible interpretación o variación u omisión en la forma preconcebida de actuar, puede dar lugar a una revisión de la ley o decreto. De allí la proliferación de artículos, correcciones, y solicitudes de interpretación ante los organismos competentes que conducen a interminables esfuerzos para lograr el objetivo de justicia y tratamiento igualitario tratando de hacer normas generales para situaciones particulares y hasta excepcionales, conduciendo a un resultado contrario al buscado, al generar unos órganos rectores y administradores de justicia sobrecargados e ineficaces por la imposibilidad de pronunciarse a tiempo. Algunos ejemplos pueden ilustrar mejor. Hoy en día con la importancia de proteger los derechos de los animales se debe legislar sobre cómo controlar las mascotas. Con que implementos. Como autorizarlos a desplazarse, como tratarlos en el trabajo, cuales razas requieren controles especiales… (¿Se habrá preguntado alguien si tenemos derecho a tenerlos en cautiverio, mutilarlos, o torturarlos con prendas que nos gustan?) ¿Nos podemos imaginar los interesantes debates y legislación sobre uso de drogas? ¿Y de la legitima defensa? ¿Cuánto esfuerzo se ha invertido en el legislativo tratando de emitir leyes y decretos generales para ocasiones específicas en el caso de represión de revueltas y actuación de las autoridades?
Podríamos llegar hasta a caricaturizar que si el atacante huye de noche el agraviado lo puede matar en legítima defensa, pero si huye de día no. (No es una broma, es una caricatura de un artículo de un decreto, que se está sometiendo a discusión para su aprobación en un país suramericano, que empieza a ejercer un periodo de cambios radicales,)
¿Nos imaginamos el reto de legislar sobre inteligencia artificial, aunque solo sea en el pequeño aparte de derechos de autor y autoría intelectual de crímenes? ¿Y cuando tengamos que legislar sobre la propiedad de conquistas espaciales? Ya un presidente latinoamericano en su ejercicio de “humildad” cambió de nombre a la fuerza aérea y la va a llamar fuerza aeroespacial. ¿Legislaremos sobre las millas espaciales de soberanía antes de declarar cual es el “espacio internacional”? ¿Con cuales eruditos legislaremos?
Será hora de dejar un poco la soberbia de creer que podemos legislar al detalle sobre cada situación y pensando con algo de humildad empezar a rescatar algo que antes se utilizaba? “EL SENTIDO COMUN”. Creo que empezamos a abandonarlo cuando comenzamos a decir que “no es el más común de los sentidos”, descartando con eso la posibilidad de aceptar como racionales a muchos congéneres, y empezamos a legislar para obligar a todos a tener “sentido común”, en un torbellino de leyes y decretos que nos conduce en sentido contrario: a que todos renunciemos al sentido común. ¿O es sentido común tener que legislar y establecer penalidades y carga policial, para que no se destruyan los bienes ajenos y públicos?
Creo que no estamos preparados para legislar y pretender administrar justicia, ágil, oportuna (Si no es oportuna, no es justicia), si pretendemos hacerlo, pensando que podemos cubrir las innumerables posibilidades que se presentan para los diferentes hechos posibles. Todavía hoy después de muchos años es un reto legislar y modificar leyes y decretos sobre maternidad subrogada, aborto, pena de muerte, consumo de drogas y hasta eutanasia y cosas más simples como cambiar el diccionario para incluir, o cambiar la forma en que le asigna nombre a los hijos y los kilogramos máximos que puede pesar una mascota para ocupar una silla en un avión y cuál es el número máximo de soportes emocionales en forma de mascota, que deben viajar en cabina.
En medio de nuestro nuevo “Sentido Común”, seguimos con la pretensión de nombrar jueces para complacer a supuestas “mayorías vociferantes” de redes sociales, o emitir leyes y decretos para “impedir” que se financie y promueva la destrucción de bienes ajenos o públicos, como si no fuera claro que es contra natura atentar contra lo que ha costado tanto esfuerzo construir. Ni los animales lo hacen.
Abandonemos los extremos y pensemos en aceptar que no necesariamente donde más se legisla y se establecen más normas y decretos, es donde se obtienen los mejores resultados, se hace más justicia y viven mejor los ciudadanos. La justicia y la interacción constructiva entre los ciudadanos en la legítima búsqueda de su bienestar se logran rescatando el Sentido Común, como pilar en el pensar y actuar de la gran mayoría, incluyendo los servidores públicos de profesión.
Álvaro Ramírez
Ingeniero Industrial con entrenamiento en USA, England, Holland, UCLA, Penn State y Michigan. Gerente de logística de bienes y servicios operaciones y proyectos en Shell de Venezuela, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), Petroquímica de Venezuela, S.A. (PEQUIVEN), BARIVEN, y Canadian Oíl Company de Colombia. SEO PROCURAMOS, proyectos, consultoría y asesoramiento internacional.