ENFOQUE LIBERAL – EL CANDIL – AÑO IV – N° 192.-
Cuando se habla acerca de los servicios que brinda el Estado, es habitual advertir una serie de falencias derivadas de la insensata idea de asumir funciones ajenas a la naturaleza de la institución estatal.
Si cada agente económico especializado en un rubro particular del mercado suele cometer errores, ¿qué podría esperarse de una entidad que no está ni cerca de especializarse en algún rubro y que, en el calor de la arrogancia de sus funcionarios, pretende ser administrador de la economía de todo un país?
A lo anterior se le suma la siempre necesaria crítica al cobro de impuestos que son la fuente de financiamiento de los servicios estatales.
Como su nombre indica, se trata de una imposición, establecida por ley, que obliga a toda persona a pagar una cuota de su dinero tanto por la producción como por el consumo de bienes y servicios, independiente de la inversión que se efectúa para obtener los insumos o el producto final que se desea.
El Estado subsiste gracias a dichos pagos con la finalidad de administrar las leyes que rigen en el país, así como velar por el orden interno y la defensa de la soberanía nacional. Pero es cuando da un paso más allá que los problemas se manifiestan.
Los defensores de la educación pública aseveran que se trata de una cuestión de necesidad para que quienes no pueden costear la educación de sus hijos puedan acceder a dicho servicio; de esta manera, establecen que la educación es un «derecho», aunque nunca especifiquen quién tiene que financiarlo.
Si se asumiera que, en efecto, la educación pública es una cuestión de necesidad a la que todos tendrían que poder acceder y para lo cual todos tendrían que financiarla, ¿no sería lógico y justo que en todo momento se evite el sesgo ideológico y se imparta lo que todas esas personas consideren correcto para que, de esta manera, sea el estudiante quien llegue a una conclusión por su cuenta? ¿Por qué unas personas tendrían que estar obligadas a financiar la enseñanza de temas y puntos de vista con los que no están de acuerdo y, al mismo tiempo, se censura aquello con lo que ellos sí lo están? ¿Es eso justo? No. ¿Es eso moral? Para nada. ¿Eso incentiva el interés en el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico? Evidentemente no. Pero así es como se llevan las cosas en la actualidad y muy poca gente dice algo al respecto. Y mientras tanto, los «defensores de la moralidad, la inclusión y la tolerancia» permanecen en conveniente silencio.
Si aun con lo explicado líneas arriba, la persona que esté leyendo o escuchando de boca de otra lo escrito aquí persiste en defender algo que, a todas luces, es inmoral y tiene que cambiarse o, mejor aún, suprimirse, será acertado señalar que esa persona ha perdido todo rastro de razón y lógica y se ha convertido en una cabeza más dentro del vasto rebaño de seres acostumbrados a aceptar servilmente lo que otros les dictan, no para su beneficio, sino para el de sus pastores.
