ENFOQUE LIBERAL – EL CANDIL – AÑO IV – N° 167.

El pago de impuestos es un tema que recurrentemente genera discordia entre quienes adhieren a las ideas de la economía libre. En esencia, esta imposición fiscal tiene como objetivo el financiamiento de la entidad estatal, lo cual incluye a todas las dependencias de la misma, en pro de que esta pueda continuar funcionando y, en teoría, procurando el bienestar para el país.

Eso es lo que, en síntesis, explica la teoría, algo no se ve reflejado en los hechos. Pero más allá de lo bien o mal que ciertos funcionarios y servidores del Estado desempeñen su labor, la eterna discusión sobre los impuestos gira entorno a su legitimidad, es decir, si es correcto o no que existan.

Para entender mejor esto, es necesario recordar cuál es la naturaleza del Estado. Esta institución surge por la necesidad que tenían los hombres de las primeras sociedades de poder dirimir, evitando que impere la ley del más fuerte, aquellas diferencias que pudieran suscitarse entre ellos sin que lograran ponerse de acuerdo para resolverlas, así como para sancionar sin apegos emocionales a quienes socavaran los derechos de sus semejantes.

Esto quiere decir que el Estado funda sus orígenes en el principio de los derechos individuales, mismo que explica que la naturaleza racional de cada persona exige la ausencia de coerción por parte de los demás en función de que, mediante su facultad razonadora, pueda conservar, desarrollar y disfrutar su vida, resumiéndose en los tres derechos cardinales del hombre: vida, libertad y propiedad.

En otras palabras, el Estado se encuentra al servicio de la ciudadanía y su finalidad es la de preservar sus derechos, y nada más. Por ello, su financiamiento no requiere de imposiciones dado que es la propia necesidad de cada integrante de la sociedad de continuar viviendo en un entorno en el cual puedan desarrollarse apropiadamente la que establece su legítima y necesaria financiación.

Por ello, lo correcto sería hablar de contribuciones, puesto que es por medio de la contribución económica de cada ciudadano que el Estado puede subsistir; pero no solo se trata de una cuestión monetaria: el propio monopolio del uso legal de la fuerza del que goza la entidad estatal es el resultado de la renuncia tácita que hace cada ciudadano al entrar en sociedad de emplear la coerción contra sus congéneres para resolver sus disputas.

El poder del Estado deviene del poder que sus gobernados le entregan, y es responsabilidad de estos, ya sea por medio de sus representantes políticos y de ellos mismos, el vigilar permanentemente que ningún funcionario o servidor emplee indebidamente tal poder y reprender a quien lo haga.

La existencia de sociedades en ausencia de la institución del Estado es imposible dado que una sociedad necesita de normas (leyes) objetivas que abarquen a todos por igual, para lo cual se hace necesario un árbitro que, de manera imparcial, las aplique para proteger los derechos de las personas. La idea de que el empleo legal de la fuerza se puede diseminar en diversos grupos como si de un servicio más se tratara, yerra rotundamente al darle cabida a una inminente guerra de pandillas en donde quienes cuenten con más recursos a su favor terminarán imponiéndose, esto sin contar la inmensa desventaja que significaría el no contar con una institución bien organizada y lo suficientemente extensa como para que pueda defender la soberanía del territorio de los ataques e invasiones de Estados tiranos con ansias de conquista y expansión.

A diferencia de un servicio como el de seguridad personal que ofrece una organización privada, la cual puede emplear mecanismos que resguarden la vida e integridad de su cliente sin que en el proceso rebase los límites de las leyes establecidas, una entidad privada (o varias) que pretendan reemplazar al Estado, necesariamente tendrán que establecer determinadas normas y procedimientos, dando cabida a la gran posibilidad de colisionar con lo lo establecido por sus pares, originando así conflictos en donde no necesariamente triunfará quien esté del lado de la razón. Por ello, no es posible pensar en un servicio de uso legal de la fuerza como si se tratara de uno más que pudiera comercializarse.

Ninguna imposición es legítima, en virtud de que requiere socavar la voluntad de las personas. En este contexto, ninguna exigencia de financiamiento innecesario, como puede ser el tratar de conseguir recursos para expandir la estructura del Estado, sostener programas gubernamentales dirigidos a mantener a parásitos sociales o cualquier otra figura similar, puede ser legítima.

El Estado tiene, desde su concepción, determinadas funciones que persiguen determinados fines, y estos se sintetizan en la protección de los derechos individuales, por lo cual, financiar al Estado únicamente requiere de contribuciones necesarias, mas no impuestas, que de manera exclusiva coadyuven a la continuidad de sus funciones.

Todo lo que vaya más allá de eso y se exija por ley es claramente una imposición y, por ende, es ilegítima y no tiene por qué continuar. La alternativa para quienes no deseen contribuir con el Estado será siempre el estado de naturaleza en el que solo pueden ser posibles las comunidades anteriores a la civilización. Y para aquellos que pretendan someter a la ciudadanía para obtener de esta, recursos que no serán empleados en bien de esta sino en favor suyo, la prisión y el ostracismo social es a donde pertenecen.

NOTA DEL EDITOR: Artículo publicado originalmente en la página “Enfoque Liberal” el 04 de junio 2022 y es compartido con “El Candil” con autorización de su administrador.