UBIRATAN JORGE IORIO – EL CANDIL – AÑO IV – N° 187.-
Los políticos casi siempre viven en disputa con los economistas del gobierno, especialmente cuando estos últimos son liberales, por lo que están a favor de la privatización y la reducción de la carga fiscal.
“Pensé que la política era la segunda profesión más antigua. Hoy veo que se parece mucho a la primera”. Ronald Reagan
“Es mejor no contestar, fue una decisión política de la junta”.
Es muy probable que el lector ya haya escuchado consejos de esta naturaleza en su empresa o en una oficina pública. Este cliché es la aceptación de que una “solución política”, una vez promulgada, incluso cuando no es razonable, difícilmente se revierte, porque surge del ejercicio de algún poder, que se superpone a las mejores soluciones técnicas.
Desde el punto de vista de la Ciencia Política, los fines de la actividad política están lejos del consenso: los más ingenuos enumeran la justicia, el bien común, la igualdad; los muy crédulos añaden hasta felicidad; los más perspicaces enfatizan el poder y los intereses individuales. En el mundo real, sin embargo, los tontos y los astutos tienen que vivir con la política, crean o no en sus beneficios, sobre todo porque afecta su vida diaria.
Las actividades políticas, al igual que las económicas, consisten en acciones sucesivas, en elecciones individuales permanentes, invariablemente en la búsqueda de los mejores medios para alcanzar determinados fines (que pueden ser buenos o malos, éticos o indignos, loables o reprobables) – con la diferencia de que los medios utilizados por la política son coercitivos, mientras que en el campo de la economía son voluntarios. La acción humana en cualquier ámbito está siempre encaminada a aumentar la satisfacción individual del agente, pero mientras los objetivos en economía buscan el placer que proporcionan los bienes y servicios, en las actividades políticas el objetivo es conquistar, mantener o incrementar el poder sobre otros individuos. El poder, entonces, puede ser visto como la dimensión política de la acción humana.
Leonard James Callaghan (1912-2005), Primer Ministro del Reino Unido de 1976 a 1979 y exlíder del Partido Laborista, no creía en los ministros de finanzas, lo que le llevó a afirmar, con sincero sarcasmo, que “solo hay dos tipos de ministros en el área económica, los que salen a tiempo y los que salen fuera de tiempo”. Quizás tenía razón, pero hay al menos dos razones para sospechar de su afirmación: la primera, sujeta a debate, es que pudo haber sido injusto con algunos exministros; la segunda, indiscutible, es que fue político.
Solo hay dos tipos de economistas trabajando en los gobiernos: los liberales y los que estudiaron los libros equivocados.
Sí, los políticos casi siempre viven en un tira y afloja con los economistas del gobierno, sobre todo cuando son liberales, defensores, por tanto, de la economía de mercado, de las privatizaciones, de la apertura económica, de la descentralización, de la bajada de impuestos, contra el proteccionismo y los privilegios, y, encima. todos, acérrimos apologistas de enmarcar el gasto público en un régimen austero, es decir, cómo normalmente los políticos y los buenos economistas son como los gatos y los ratones y considerar que la compulsión de gastar el dinero de otras personas es parte del ethos de la clase política, así como cazando tigres y haciendo goles para CR7 -muy probablemente el motivo de la queja de Callaghan -de no haber sido laborista- fuera el rechazo, por parte de los guardianes de las arcas públicas británicas, a unas propuestas devoradoras de Presupuestos.
Por otro lado, es apropiado ampliar su ironía para incluir a los economistas, sugiriendo que, sean o no ministros, solo hay dos tipos de estos profesionales trabajando en los gobiernos: los liberales (principalmente austriacos) y los que estudiaron en el mal. libros. Y la preferencia de los políticos recae siempre en estos últimos, porque, entre gente aburrida y austera, que casi siempre abarrota los planes de sus excelencias, y súbditos simpatizantes, especialistas en halagarlos y adornar sus más primitivos apetitos devoradores de presupuestos con pretendidamente científicas teorías, la elección es obvia.
Sin embargo, es necesario considerar que, en las democracias, cualquiera que sea el grupo al que pertenezcan, las facultades de los economistas se limitan a presentar y defender propuestas -que pueden ser técnicamente correctas o incorrectas- al presidente o primer ministro; estos últimos, previo escrutinio personal, pueden o no someterlos al ala política del gobierno y al Parlamento. El martilleo, de nuevo, no es técnico sino político.
Políticos X economistas
El conflicto entre buenos economistas y políticos es natural y muy antiguo. Citemos sólo dos episodios. El primero, en Francia, fue la célebre controversia que tuvo lugar entre 1566 y 1568, entre Jean Bodin, que señalaba como causa de la inflación el creciente flujo de metales preciosos desde América del Sur hacia Europa, y el mercantil Malestroit, consejero del rey francés. El segundo, en 1979, en Brasil, fue el desencuentro entre dos ministros del gobierno de Figueiredo, el de Planificación, Mário Henrique Simonsen, y el de Agricultura, Delfim Netto. Simonsen, estrictamente técnico, vio la necesidad de una mayor austeridad en la política económica, en respuesta a la crisis externa del petróleo y de los intereses. Delfim, literalmente político, defendió sus habituales prácticas “desarrollistas”. Simonsen perdió la paciencia, pidió su gorra y volvió a la FGV, retomando las clases que tanto amaba en la Escuela Brasileña de Economía y Finanzas (EPGE). Brasil perdió (pero gané un excelente maestro).
Es evidente que el tira y afloja entre políticos y economistas tiende a ser mucho menos feroz en los gobiernos de izquierda, cuyos ministros de economía también son “progresistas” y, por tanto, arribaron aquí a un buen estallido de gasto y a una pequeña traviesa fiscal. Pedalear allí, el título de “generar renta y empleo”. En cualquier caso, sin embargo, la disputa es más intensa en años electorales, siempre llenos de promesas y prendas de amor a los votantes. Es comprensible, por tanto, la queja, a la vez cáustica y jocosa, de un viejo amigo, exsecretario de Hacienda de la Alcaldía Carioca y, por tanto, con conocimiento de causa, de que sólo hay un tipo aceptable de político: el que no fue elegido.
Vemos, entonces, en un lado de la cuerda, a la mayoría de los candidatos con la misma pequeña charla, especialmente en ese ridículo horario “libre” que se nos atribuye como un himno a la democracia, cuando, de hecho, es un desfile burlón y burlón. de mentiras anunciadas, siempre con la misma palabrería: menos impuestos, más salud, educación, vivienda, saneamiento y transporte, menos “desigualdades”, más ingresos, más empleos, menos corrupción, menos “exclusión”, etc. Sería bueno creer en la sinceridad de algunos, pero lamentablemente sus eventuales buenas intenciones no pueden germinar hasta que se produzcan reformas profundas en nuestro sistema político.
Del otro lado del cabo —sobre todo cuando el Ministro de Economía es adepto a los valores liberales— tenemos a los valientes soldados de Leónidas, guardianes de la austeridad fiscal y la economía de mercado, casi siempre vistos como sujetos malvados sin “socialidad” ni sensibilidad. En tales ocasiones, es útil imaginar al presidente, quienquiera que sea, con los políticos farfullando incesantemente en un oído las acostumbradas súplicas a favor de abrir la caja fuerte, y con un ministro responsable en el otro oído, tratando de convencerlo de que tal el consejo es malo. Sin duda, es una elección difícil para el jefe de Gobierno, sobre todo cuando sabe que es fundamental mantener e incluso profundizar la consolidación fiscal y, al mismo tiempo, que no puede gobernar sin un mínimo de apoyo.
Situación X oposición
Es interesante observar cómo la resistencia política a la austeridad y a los programas liberales son común a los dos grupos de “representantes del pueblo”: los miembros del ala política de situación y los parlamentarios de la oposición. Es que, aunque sus objetivos son diferentes, hay dos rasgos que los unen a ambos: el de la búsqueda de votos y el del apetito por gastar los recursos extraídos de los contribuyentes. También vale la pena señalar que, además de los costos de las llamadas soluciones políticas que superan invariablemente sus beneficios, estas son disfrutadas por ciertos grupos, mientras que sus costos castigan a todos los contribuyentes ya la economía del país. Es decir, concentran beneficios y reparten la factura.
Vayamos a dos claros ejemplos de la disputa entre los defensores de Hacienda y los que quieren irrumpir en ella. El primero es: Cualquier ciudadano que en la infancia aprendió a manejar las cuatro operaciones aritméticas y que aprendió valores éticos sabe que el fondo de R$ 4,9 mil millones, aprobado por diputados y senadores – que, por cierto, aún no han renunciado a aumentar ese monto absurdamente elevado para los R$ 5,7 mil millones inicialmente postulados — es un insulto económico y un doble insulto moral, configura desatención a la situación de pandemia y falta de respeto a todos los contribuyentes. Esta ofensa a los ciudadanos no es exclusiva de la oposición, ya que en su aprobación colaboraron varios miembros de la llamada base de apoyo del gobierno.
La otra ilustración del tira y afloja es el tema del reajuste de los servidores públicos. Como se sabe, el presidente prometió, por razones de gobierno económicamente inoportunas, aunque normales en la praxis política, reajustar los sueldos de los policías de la Policía Federal, la Policía Federal de Carreteras y el Departamento Penitenciario Nacional. Los recursos para ello fueron incluidos en el Presupuesto de la Unión 2022, con una asignación estimada de R$ 1,79 mil millones. Esto llevó a otras categorías de servidores públicos, con el argumento de la “isonomía” —económicamente injustificada, pero jurídicamente legal— a presionar para que también se beneficien, sin que exista previsión presupuestaria para estos reajustes.
El Ministerio de Economía, por supuesto, se opuso desde un principio a estas concesiones, sabiendo que pronto surgirían presiones de otras categorías, poniendo más trabas al proceso de consolidación fiscal que viene impulsando el equipo económico, prácticamente contra todo y contra todos. Y emergieron, para su sorpresa, única y quizás, del delfín rosado.
Blandiendo banderas rojas de 1900 en adelante y con los simulacros de valentía característicos de los especialistas en camiones de sonido, teniendo como escudo la “isonomía” y alegando que el gobierno habría recortado los recursos necesarios para reajustar sus salarios, funcionarios de la Receita Federal montaron el extraño espectáculo de poner a disposición sus cargos comisionados, en el que fueron copiados por empleados del Banco Central y otros organismos, en un movimiento de reivindicación de reajustes generales, coordinado por el Foro Nacional Permanente de Carreras Típicas del Estado (Fonacate), que agrupa a 37 asociaciones sindicales y afirma representar a más de 200 mil empleados.
Desde un punto de vista económico, es casi antipatriótico defender estos reajustes, por muchas razones: (a) la economía aún no ha salido de una pandemia, que obligó al gobierno a desviarse temporalmente de sus objetivos fiscales; (b) los servidores públicos ya son “brasileños especiales”, porque tienen estabilidad; (c) sus salarios, aún sin reajustes por años, están muy por encima del promedio de los salarios del sector privado; (d) aquellos que trabajan en el sector privado —los “brasileños comunes”— pueden perder sus empleos, y sus eventuales reajustes no dependen de decisiones políticas, sino de la propia productividad e ingresos de la empresa; (e) la austeridad fiscal es más necesaria que nunca, porque, junto con el camino liberal que el gobierno se ha propuesto seguir, asegura que la economía realmente podrá avanzar; (f) la valoración política de estas elecciones es incorrecta, porque los votantes de hoy han evolucionado y están a favor de la austeridad y las reformas: no “quitan”, sino que “dan” votos.
Si desde el punto de vista económico el momento de este movimiento sindical es el peor posible, con olor a sabotaje y chantaje, visto desde el ángulo político es claramente una demostración de que se trata de un engaño, una estratagema doblemente útil, ya sea para desgastar al gobierno, acusándolo de irresponsabilidad fiscal, o para atraer votos a sindicalistas que dicen representar a funcionarios, pero que no son más que jefes de oficina de partidos de izquierda, totalmente equipados y comprometidos.
*Artículo publicado originalmente el 4 de febrero en el blog del autor. Início (ubirataniorio.org)
