ENFOQUE LIBERAL – EL CANDIL – AÑO IV – N° 205.-
LA LUCHA POR LOS DERECHOS COLECTIVIZADOS CONDUCE HACIA AQUELLO CONTRA LO QUE SE OPONEN: PRIVILEGIOS DE CASTA
Cuando se toca el tema de los derechos de las personas ―esto último es una redundancia, dado que solo las personas pueden ser entidades sujetas de derecho, pero se sigue empleando así en virtud del poco entendimiento que mucha gente tiene acerca de dicho concepto―, especialmente en fechas como la de hoy, 8 de marzo, día en el que se conmemora un acontecimiento eminentemente colectivista (tanto en su origen como en su naturaleza), es habitual el escuchar y leer a diversos referentes intelectuales ―y otros personajes muy ajenos a la intelectualidad― del colectivismo alegar que una determinada minoría social ―cuya denominación varía de acuerdo con la fecha en cuestión― continúa viviendo bajo la opresión sistemática ejercida por alguna entidad incorpórea a la cual nombran de diferentes formas: capitalismo, patriarcado, neoliberalismo, machismo, entre otros apelativos, los cuales, en la mayoría de casos, toman una muy conveniente forma a través de, igualmente, muchas otras entidades, a saber: los hombres (entiéndase por varones, seres humanos de sexo masculino), heterosexuales, empresarios, millonarios, gente blanca, descendientes de europeos, e incluso algunas mujeres, personas «no blancas» y homosexuales, siempre que estos no se alineen con su muy particular cosmovisión.
Y es a raíz de tal afirmación que muy vehementemente exigen que se debe continuar con la lucha por los derechos de la minoría a la cual se refieran, siendo que pocas veces se menciona a qué derechos específicamente se refieren ni a través de qué medios ni a qué costo se logrará tal cometido.
En todos los casos, la actitud es comúnmente la misma: apelar a la emotividad recurriendo a una cínicamente intencionada mala interpretación de datos con los cuales pretenden fundamentar sus reclamos, como pueden ser los casos de violencia, disparidad de ingresos, de puestos directivos, acceso a la educación, entre otros, siendo que cada uno de ellos es presentado fuera de sus respectivos contextos, esto con la evidente intención de sesgar el juicio de a quienes se dirigen para que aprueben su discurso, pues ese es uno de los objetivos que desde siempre han utilizado los colectivistas: buscar imponerse por la fuerza de la mayoría en lugar de la razón y el pensamiento crítico.
Si algo tiene que quedar claro desde antes de iniciar una discusión de ese tipo es que, los derechos, como tales, son exigencias derivadas e identificadas en la naturaleza racional del ser humano para que este pueda sostener y desarrollar su vida en su calidad y dignidad de ser humano. Y puesto que los derechos son exigencias propias de la naturaleza racional del ser humano, es evidentemente lógico y sensato concluir en que los derechos son de todos los seres humanos, es decir, de todas las personas, de cada hombre y de cada mujer, sin distinciones de tipo alguno.
Una vez reconocido este básico y fundamental hecho se podrá discutir cualquier detalle relativo a su implementación en la vida en sociedad; no obstante, los métodos que se elijan no pueden ocasionar la erosión de dichos derechos para ciertos sectores de la población ni el acrecentamiento de los mismos para otros más. Es cuando acontece tal escenario que la noción de derechos se distorsiona y se produce un estado general de injusticia en el cual hay siempre tres grupos participantes: los perjudicados, los beneficiados y los que sacan partido de la situación de los dos anteriores. A estos últimos es que inexorablemente pertenecen los colectivos feministas, indigenistas, ecologistas, animalistas, progresistas y otros de similar corte ideológico.
La búsqueda de la igualdad, en un estricto sentido racional, cabe exclusivamente en un contexto jurídico, es decir, de derechos y de leyes en medio de la convivencia de un grupo humano organizado, también llamado sociedad.
Es el único tipo de igualdad posible y deseable entre las personas. Conceptos como «equidad» no hallan lugar en el contexto dado, esto en virtud de que los derechos surgen como consecuencia de la identificación de la naturaleza humana, que es la misma tanto en hombres como en mujeres, por lo cual, no es posible hablar acerca de «derechos» que «equiparen» la situación jurídica de unos con respecto a otros, siempre que dicha situación comprenda el hecho de que todas las personas puedan ejercer los mismos derechos por igual, en cuyo caso opuesto sí cabe exigir un trato igualitario ante la ley para las personas afectadas por tal injusticia, algo que ya ocurrió en el pasado con los movimientos anti esclavitud y feminista de mediados a fines del s. XIX e inicios del s. XX, cuyos reclamos fueron justos y lograron que se reconozca para sus representados los derechos que en su momento les fueron negados.
Tales exigencias se alineaban perfectamente con las ideas de la libertad del Liberalismo Clásico, corriente de pensamiento que aboga por la libertad del individuo y la igualdad ante la ley. El problema empieza cuando los remanentes del colectivismo, los cuales lamentablemente nunca dejaron de estar presentes en los movimientos sociales de aquellos años, infectaron los cimientos de estos grupos de lucha hasta trastocarlos y tornarlos en los caballos de batalla ideales a los cuales suelen recurrir los pseudointelectuales y los políticos populistas de nuestra era para exacerbar los ánimos de la ciudadanía hasta dividir y enfrentar a sus integrantes, muchos de los cuales viven con un resentimiento patológico que les lleva a creer que se puede hacer «justicia» para los perjudicados del ayer castigando a personas inocentes del presente, con la consigna de mantenerlos gobernados y a su servicio, aun cuando estos no lo hayan advertido.
Los derechos fueron, son y serán siempre del individuo, de cada individuo, de cada ser humano, de cada persona que habita este mundo. Ningún grupo puede adjudicarse más derechos de los que poseen sus miembros, del mismo modo en el que tampoco se les puede restar alguno. Aceptar lo contrario es abrazar la idea de que ciertos grupos tienen el «derecho» de ser privilegiados necesariamente a costa del detrimento de otros, tal cual ocurre con la denominada casta política o en su momento con la nobleza y la aristocracia.
El principio de los derechos individuales es la fuerza motriz del desarrollo humano, el cual promueve la pacífica coexistencia entre las personas, por lo cual, su defensa requiere no solo de una permanente vigilancia y de una racionalidad y sentido de justicia estrictos, sino del coraje necesario para enfrentar y exponer a cualquier elemento que busque socavarlos.
