ENFOQUE LIBERAL – EL CANDIL – AÑO IV – N° 189.-
Para el común de la gente, el pago mínimo decretado por ley resulta ser una forma aceptable en la que el Gobierno puede intervenir en el mercado con la finalidad de evitar la explotación salarial.
Y es que, para quien no es entendido en conceptos básicos de economía, realmente parece tener un sentido lógico: si el Gobierno impone una cuantía mínima de dinero que todo empleador se ve obligado a remunerar a sus empleados, entonces nadie percibiría 𝘴𝘶𝘦𝘭𝘥𝘰𝘴 𝘣𝘢𝘫𝘰𝘴 𝘲𝘶𝘦 𝘯𝘰 𝘢𝘭𝘤𝘢𝘯𝘤𝘦𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘢 𝘷𝘪𝘷𝘪𝘳 𝘥𝘪𝘨𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦. Sin embargo, las cosas no funcionan de esa forma tan ingenuamente idealista.
El principal problema que ocasiona el salario mínimo es la eliminación de puestos de trabajo, esto como consecuencia de la imposibilidad de pago de parte de aquellos micro y pequeños empresarios quienes constituyen el gran grueso del mercado.
Por otra parte, quienes sí pueden remunerar un monto mínimo impuesto legalmente se ven en la necesidad de exigir una cualificación mínima para todo aquel postulante a una plaza laboral, de tal manera que el grado de utilidad de su trabajo justifique el pago y, a su vez, produzca lo necesario para poder continuar financiando esos sueldos.
Y es que es muy sencillo para quien no arriesga su capital exigir que otros sí lo hagan, como si la generación de riqueza se tratara de un fenómeno que se diera por sí solo, sin la intervención de nadie.
El burócrata que, desde la comodidad de una oficina gubernamental, con un ingreso que supera largamente lo que por su trabajo realiza y que es directamente financiado por todos los contribuyentes, se toma la atribución de inmiscuirse en asuntos económicos y prescribe a cada ciudadano que ha comprometido sus recursos para producir algún bien o servicio que satisface las necesidades de otros ciudadanos y que, en el proceso, genera trabajo con el cual muchas familias pueden subsistir, no pueda pagar a sus trabajadores una cantidad menor a la que ese burócrata y su equipo consideran 𝘫𝘶𝘴𝘵𝘢, lo único que logra es restarle oportunidades de trabajar a personas que tanto lo necesitan.
Aquí habría que preguntarse, ¿justa para quién? Si algún estatista entusiasta respondiera que es “justa para los trabajadores”, entonces se podría asumir que esa persona ha evaluado objetivamente el desempeño de cada trabajador que habite la jurisdicción en la que se pretende establecer un pago mínimo; después de todo, lo justo es, en palabras de Aristóteles, “𝘥𝘢𝘳𝘭𝘦 𝘢 𝘤𝘢𝘥𝘢 𝘲𝘶𝘪𝘦𝘯 𝘭𝘰 𝘴𝘶𝘺𝘰”. No obstante, tal cosa es imposible de realizar, incluso para todo un equipo de 𝘦𝘹𝘱𝘦𝘳𝘵𝘰𝘴.
La verdad es que el criterio empleado es lo que sus deseos y emociones le dictan, razón por la cual los pseudoargumentos más habituales que se esgrimen para defender el salario mínimo no se basan en cuestiones lógicas y razonables, sino en la apelación a la lástima y a la dialéctica que irracionalmente enfrenta a empleadores con empleados.
Nunca se ha abogado por tal imposición con argumentos coherentes con la realidad o reclamos justos ni se podrá hacerlo, pues es imposible ser justo y coherente al mismo tiempo que se le obliga a unos a causarse un perjuicio por el capricho de otros.
¿Y cuál es la solución a la problemática que ocasionan los malos empleadores que ofrecen pagos inobjetablemente irrisorios?: La ley de la oferta y demanda.
Del mismo modo en el que un oferente quebraría si la cantidad de sus demandantes no le permitiera continuar financiando su negocio, un empleador que no cuente con la fuerza laboral necesaria para seguir llevando a cabo los procesos que sostienen su empresa, inevitablemente terminará cerrándola. Pero mientras haya gente que, por su voluntad, acepte las pobres condiciones laborales que le ofrezcan, seguirá habiendo opciones de trabajo de ese tipo. A fin de cuentas, cada uno es libre de decidir qué tomar o rechazar.
No es una cuestión de si el empleador cuenta o no con los recursos para pagar lo que un político le exige, sino del respeto irrestricto por los derechos de cada persona.
Nadie tiene el derecho de decidir sobre la legítima propiedad de los demás, sin importar de quién se trate. Solo a un infractor de la ley cabe sancionar privándole de determinados derechos, según sea el caso; pero hacerle eso a un inocente es algo criminal que ninguna ley ni decreto podrá jamás conferirle legitimidad.
NOTA DEL EDITOR: Artículo publicado en la página “Enfoque liberal” cuyo editor ha autorizado sea compartido en “El Candil”.
Pingback: El absurdo del salario mínimo — EL CANDIL – Josue Rubio